Estrategias clandestinas de "limpieza política" puestas en práctica en una zona fronteriza entre Venezuela y Colombia por narcoparamilitares, que habrían contado en algunos casos con la colaboración del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se convirtieron en un baño de sangre binacional, con más de 11,000 muertos en cinco años, de acuerdo con investigadores sociales, fuentes militares colombianas e informantes de inteligencia consultados por El Nuevo Herald en Bogotá y Caracas.
Por G. Guillén - El Nuevo Herald
Apenas ahora comienzan a perfilarse la magnitud y la historia de una masacre
cometida por paramilitares y traficantes de cocaína, confederados en las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quienes el presidente colombiano,
Alvaro Uribe Vélez, ha concedido indultos, libertad y la seguridad de no ser
extraditados a Estados Unidos, que los reclama, ni a ningún otro país en el que
hayan delinquido.
Los hechos ocurrieron a lo largo de una pequeña porción de la extensa frontera
entre los dos países, de 2,220 kilómetros de longitud.
Desde agosto del 2002, el DAS habría consentido tratos gubernamentales con
poderosos narcotraficantes y paramilitares que han logrado instalar en
territorio venezolano un contingente ilegal de al menos 1,000 combatientes que
hoy dominan en ese país amplios territorios, por lo menos, en tres estados de
frontera: Zulia, Táchira y Apure, dijeron las fuentes.
El proyecto paramilitar de frontera, durante los últimos cinco años ha
ocasionado los homicidios de 11,200 personas, solamente en 15 de los 40
municipios del limítrofe departamento colombiano de Norte de Santander, de
acuerdo con estadísticas dispersas de la Policía Nacional y del Sistema Nacional
de Medicina Legal, recaudadas por la organización no gubernamental Fundación
Progresar, de la ciudad colombiana de Cúcuta, que dirige el investigador social
Wilfredo Cañizares.
Ese número de muertos no incluye el de personas desaparecidas en el mismo
departamento de Norte de Santander y en las regiones venezolanas controladas por
los paramilitares colombianos. La cifra de estos varía entre 500 y 3,000
personas, de acuerdo con las fuentes de información consultadas.
La envergadura de los estragos paramilitares en la región mencionada comenzó a
verse hace pocos días. Entre el 2 y el 9 de abril pasados, la Fiscalía
Colombiana exhumó los restos de 32 personas en el sector de La Gabarra, dentro
de la jurisdicción del municipio de Tibú, al pie de Venezuela.
"La comisión también recibió restos óseos de nueve grupos familiares para su
identificación. Se realizaron 33 inspecciones a cadáveres y se diligenciaron 37
formatos de desaparecidos [. . .] Se efectuaron 17 necropsias y se recogieron 34
muestras de sangre para identificación de ADN", también, "se elaboraron 17
cartas dentales y se hicieron 16 tomas de muestras de restos óseos y piezas
dentales", dice un informe de la Fiscalía General de Colombia entregado a El
Nuevo Herald, en Bogotá.
La comisión judicial llegó a los cementerios clandestinos de La Gabarra y
encontró los restos de las víctimas de los paramilitares, guiada por
informaciones y mapas elaborados por la Fundación Progresar.
Limpieza política
En una extensa entrevista con El Nuevo Herald, Cañizares sostuvo que, por
ejemplo, "solamente en el municipio colombiano de El Tarra, con 3,000
habitantes, hay al menos 200 viudas". Esta población se encuentra en la
selvática zona fronteriza de Catatumbo, dentro de Norte de Santander.
"Tenemos las denuncias de la gente. Tenemos información de que en siete
municipios del departamento hay por lo menos 35 fosas o cementerios
clandestinos", sostiene Cañizares. "Solamente en La Gabarra, donde estuvo la
comisión de la Fiscalía, nosotros sabemos que hay 19 fosas. ¡Solamente en la
Gabarra! La Fiscalía solamente encontró dos fosas y la comisión ya salió.
Encontraron restos de 32 personas".
La fundación de Cañizares está protegida por el Ministerio del Interior con base
en acuerdos internacionales que obligan al gobierno de Colombia a tolerar y
resguardar a los defensores de los derechos humanos.
El Nuevo Herald contactó a Cañizares y su fundación por recomendaciones de
fuentes de Naciones Unidas y otras ONG que investigan el tema.
"Nosotros tenemos la información", sobre esas fosas, dice Cañizares. "Pueden
ser más".
Fuentes del Ministerio Público venezolano, por su parte, revelaron a este diario
que Caracas va a solicitar acceso a las pruebas de ADN de los restos humanos
encontrados en las fosas de la frontera, para ver cuántos ciudadanos suyos
desaparecidos podrían estar entre los muertos que los paramilitares y el DAS
virtualmente sacaron de ese país en lo que podría haber sido el proyecto
criminal de "limpieza política" más escabroso que haya vivido Venezuela.
El Fiscal General colombiano, Mario Iguarán, declaró que su oficina adelanta 16
investigaciones sobre las fosas de Norte de Santander.
Fuentes de la propia Fiscalía General y Cañizares contaron a El Nuevo Herald
que, desde que se dijo que los paramilitares de la zona habían supuestamente
depuesto las armas el 6 de noviembre pasado en un acto que presidió el Alto
Comisionado de Paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, algunos campesinos comenzaron
a contactar a la Fundación Progresar para llevarle huesos, restos de cabelleras
y pedazos de pieles secas de parientes a quienes los paramilitares habían
asesinado y enterrado en fosas comunes.
Los dolientes no se atrevían a desenterrar los cuerpos completos de sus
parientes muertos cuando descubrían las fosas en las que estaban. Solamente
extraían y guardaban residuos con la esperanza de que algún día fueran
analizados en exámenes de ADN.
Los retenes fatales
El genocidio comenzó a gestarse exactamente a las 9:30 de la mañana del 29 de
mayo de 1999, cuando un contingente de paramilitares instaló un retén en la
carretera que une La Gabarra con la cabecera municipal de Tibú, al pie de
Venezuela, de acuerdo con el Informe global: el derecho a buscar y recibir
refugio en la zona fronteriza colombo-venezolana, preparado por las ONG Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz de Venezuela, Programa Venezolano de Educación,
Acción en Derechos Humanos, y Asociación para la Promoción Social Alternativa,
de Colombia.
El retén fue puesto cerca de "un puesto de control de la Policía
Nacional de Colombia, conocido como Refinería", sostiene el informe
binacional de las ONG. "Más de 60 vehículos que transitaban por el
lugar fueron obligados a detenerse".
"Aproximadamente 100 personas, entre campesinos, comerciantes y demás
pobladores de la zona, fueron retenidos por los paramilitares, quienes les
pidieron los documentos de identidad que luego confrontaron con una lista que
portaban", agrega el informe. "Las personas que aparecieron en dicha lista
fueron ejecutadas; entre ellos, Jorge Camilo González Prada, Gerardo Berbesí y
Rafael Claros".
En total, el informe sostiene que fueron asesinadas ocho personas "y se
llevaron 16 más, cuyo paradero y suerte posterior se desconoce".
De esta manera los paramilitares llegaron a desterrar a las guerrillas de
izquierda que durante años habían cometido varias masacres, cuatro de ellas en
La Gabarra, y habían dominado la zona, también a sangre y fuego.
Con el paso del tiempo se hizo costumbre que los paramilitares montaran retenes
sobre esa vía al mismo tiempo y a corta distancia de otros que ponían el
Ejército y la Policía Nacional.
Los retenes del Ejército, sostiene el informe, estaban a cargo, de "efectivos
pertenecientes al batallón Grupo Mecanizado Maza, comandado por el coronel
Víctor Hugo Matamoros y efectivos del batallón Héroes de Saraguro, comandados
por el mayor Mauricio Llorente. Usualmente en el sitio conocido como Refinería,
se instalaba un retén de la Policía de Colombia".
El día en que los paramilitares abrieron fuego en la zona "fue levantado un
retén del Ejército pero estaba instalado el retén de la Policía y por allí pasó
el numeroso grupo de paramilitares, vestidos con ropa militar y portando armas
de largo alcance, con brazaletes que decían AUC", sostiene el informe.
Añade que la autoría de estos hechos fue reconocida posteriormente por el
comandante paramilitar conocido como comandante Camilo, en declaraciones dadas a
una comisión integrada por miembros de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Diócesis de
Tibú, el día 10 de julio de 1999, dos meses después de la masacre.
Amparo gubernamental
Estas acciones permitieron que los cultivos de hoja de coca de la zona de
Catatumbo y los laboratorios para la producción de cocaína que proliferaron
quedaran en manos de los narcotraficantes que comandaban las AUC, entre ellos
Salvatore Mancuso.
La toma de La Gabarra y, en general, de la región binacional de Catatumbo,
generó sucesivos éxodos de campesinos hacia Venezuela. Algunos de ellos se
instalaron en haciendas como jornaleros y echaron raíces mientras que otros
fueron repatriados y volvieron a salir en repetidas ocasiones, huyendo de la
persecución de los paramilitares que gozaban del respaldo del Ejército y la
policía colombianos.
De acuerdo con el corregidor de La Gabarra, en Tibú, Elkin Carrero Rojas, por lo
menos 105 fincas y 58 propiedades fueron ocupadas a la fuerza por los
paramilitares cuando ingresaron al Catatumbo en mayo de 1999.
En el 2002, con el ascenso al poder de Uribe, los paramilitares montaron frentes
de operaciones del lado de Venezuela y en el transcurso de dos años y medio
consiguieron respaldo de ganaderos opositores al presidente Hugo Chávez en los
estados Zulia y Táchira, principalmente.
Cañizares sostiene que los contingentes de paramilitares enviados a conquistar
regiones fronterizas dentro de Venezuela fueron preparados en una base de
entrenamiento que hasta hace poco tiempo funcionó en Puerto Santander, Colombia,
cerca de La Gabarra.
"Sabemos que la base de entrenamiento en Puerto Santander funcionó hasta el
2005", aseguró Cañizares a El Nuevo Herald. "De manera permanente eran
entrenados contingentes y pelotones. No podemos calcular cuántos, pero son
muchos. Las estructuras de Norte de Santander pertenecieron y pertenecen al
Bloque Norte de los paramilitares, que manda Mancuso y en esta, la última etapa,
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40".
De acuerdo con informaciones de la Agencia Contra la Droga de Estados Unidos
(DEA), Mancuso es uno de los narcotraficantes más poderosos de Colombia.
Un alto oficial del Ejército colombiano que reconoció haber visitado aquel campo
de entrenamiento confirmó que los paramilitares eran preparados para ir a
instalarse en Venezuela y que, entre sus funciones, estaba la de atrapar
personas y trasladarlas a Colombia para darlas de baja en lo que describió como
"operaciones limpias", debido a que las víctimas eran "bandidos".
Una vez que se inició la entrada de los paramilitares, sostiene Cañizares, ahí
se comienza a presentar una alianza con los ganaderos del estado Zulia, que hoy
en día se da también en el estado Táchira de Venezuela.
"Ha copado sectores como Machiques, como el Catatumbo venezolano, como El Vigía
y, en el estado Táchira, como Colón, Coloncito, La Fría, Boca de Grita",
precisa.
La versión de Cañizares fue confirmada a El Nuevo Herald por una fuente de
inteligencia policial de Venezuela y otra cercana a un fiscal nacional de
Caracas que se especializa en estos temas.
Reuniones sin actas
El avance del paramilitarismo y de la guerrilla dentro de Venezuela se ha dado
de tal manera que más de 60 por ciento de los secuestros que hay en el país
ocurren cerca de la frontera con Colombia. En San Cristóbal, ciudad venezolana
próxima a Cúcuta, Colombia, 95 por ciento de los homicidios ocurren con armas de
fuego ilegales.
Una fuente de inteligencia policial venezolana contó que durante los últimos
tres meses, en la región de El Nula, estado Apure, se han registrado 28
homicidios asociados con la penetración paramilitar.
Durante el mismo período y por las mismas causas han ocurrido más de 50
homicidios en cuatro poblaciones del estado Apure. Esta semana, la policía de
Venezuela anunció el arresto del venezolano Erick Antonio Zambrano, presunto
jefe de Operaciones del Bloque Catatumbo de las AUC.
La actual presencia paramilitar en Venezuela fue denunciada recientemente por un
alto ex funcionario del DAS y la describió como parte de un supuesto plan del
propio gobierno colombiano, destinado a desestabilizar el régimen del presidente
Hugo Chávez.
El denunciante, Rafael García, ocupó la dirección informática de la agencia de
inteligencia a la que llegó amparado por la amistad y la confianza de Jorge
Noguera, quien hasta noviembre pasado ocupó la dirección del organismo, por
directa designación del presidente Uribe.
García actualmente está preso bajo cargos de haber borrado de los sistemas del
DAS, entidad que maneja la información migratoria del país, los antecedentes de
narcotraficantes y paramilitares supuestamente amigos de Noguera, quien debió
salir de la agencia de inteligencia envuelto en un escándalo de corrupción. A su
salida de este cargo, Noguera fue trasladado al consulado general de Colombia en
Milán, Italia, alegando razones de seguridad.
García, en entrevista concedida a El Nuevo Herald en la cárcel La Picota, de
Bogotá, sostuvo que algunos de los paramilitares que se encuentran en Venezuela
salieron a sabiendas de Noguera, a quien acusa de mantener contactos y reunirse
con los más poderosos paramilitares del país.
"El DAS sabía", dijo García. "Pero esto es superior al DAS".
Al ser preguntado si ese superior era el presidente Uribe, García contestó:
"Usted lo ha dicho".
Noguera dijo a El Nuevo Herald que sus reuniones con los paramilitares se
realizaron para coordinar aspectos de su desmovilización en el marco de un
acuerdo de paz con el gobierno.
"Yo no me reuní solamente con Jorge 40. Yo también me reuní con Mancuso y con
varios otros de los miembros de las autodefensas, pero todas, todas las
reuniones, incluyendo la de Jorge 40, [ocurrieron] siendo director del DAS y
estando en curso el proceso de paz. Nunca antes de eso".
Al ser preguntado sobre las actas que debieron quedar por haber sido reuniones
oficiales, contestó: "No, de eso no se dejan actas".
Frontera porosa
García dice que Noguera salía a Venezuela por la frontera de Cúcuta, acompañado
por el director local del DAS, Jorge Enrique Díaz, y que no permitía que sus
movimientos fueran registrados por los controles migratorios.
En abril del 2005, Díaz fue asesinado en Colombia y su cuerpo fue arrojado en
Venezuela. Al mes siguiente también fue asesinado el abogado Vitelmo Galvis
Mogollón, quien fuera subdirector de la agencia de inteligencia en esa ciudad.
García sostiene que Noguera se había enemistado seriamente con Díaz porque
"decía que le creaba problemas con el presidente Uribe".
Un ex fiscal que pidió no ser identificado también aseguró a El Nuevo Herald que
tiene testigos y maneras de probar que las salidas de Noguera a Venezuela "eran
ciertas".
García declaró que Noguera varias veces le dijo que cuando iba a Venezuela era
"para hablar con una gente", y agregó, "supongo que eran antichavistas".
Al ser consultado por El Nuevo Herald sobre sus supuestas salidas a Venezuela
sin permitir que se registraran, Noguera dijo:
"No, eso no es cierto, es absolutamente falso".
Al insistirle en el punto de que si nunca había salido a Venezuela como director
del DAS, respondió:
"Mire, yo no le voy a decir cuáles fueron todos mis actos en el DAS. Lo que sí
le puedo decir es que fueron actos absolutamente transparentes, que no cometí
ninguna irregularidad".
Sin embargo, García no es el único que señala al DAS y a Noguera, la mano
derecha de Uribe en cuestiones de inteligencia y seguridad, con las operaciones
de "limpieza política" y "limpieza social" que los paramilitares desplegaron
en Venezuela.
Cañizares declaró a El Nuevo Herald que durante la segunda etapa del
paramilitarismo en Norte de Santander, marcada por el inicio del gobierno de
Uribe, en el 2002, "lo que nosotros hemos encontrado y lo que hemos dicho es
que nada de lo que se mueve en la frontera es desconocido para el gobierno
colombiano".
Respecto de las estrategias de asesinar gente en Venezuela y traer personas,
incluidas venezolanas, para matarlas en Colombia, Cañizares sostiene que en
Cúcuta y en el Táchira son vox populi todas estas situaciones".
"Díaz salía a Venezuela con el propio Noguera", aseguró Cañizares. "Sí,
claro, eso es cierto, y con paramilitares".
García dijo a El Nuevo Herald que está dispuesto a declarar ante la justicia
venezolana sobre los planes que, desde Colombia, el DAS y los paramilitares
habrían urdido para desestabilizar al gobierno de Chávez.
Sin embargo, García sostiene que solamente hablará fuera de Colombia, por
razones de seguridad.
La fiscalía colombiana dijo a El Nuevo Herald que Venezuela ya solicitó
oficialmente que se le permita interrogar a García en cumplimiento de acuerdos
binacionales de cooperación judicial, pero que el pedido no ha sido resuelto.
Uribe defiende las actuaciones de Noguera y niega que haya existido un complot
en Venezuela. Sin embargo, admite la posibilidad de que pudiera ser cierto:
"Si alguien en Colombia es responsable de eso, se tiene que ir a la cárcel. El
primero que estimula que se vaya a la cárcel es el gobierno de Colombia y el
primero que ofrecería disculpas al Gobierno de Venezuela y al pueblo de
Venezuela, sería el Presidente de Colombia".
Y se pregunta:
"¿Usted cree que yo hubiera cultivado buenas relaciones con Venezuela y
simultáneamente hubiera estimulado golpes de Estado o conspiraciones contra el
gobierno de Venezuela?".