Para algunas organizaciones internacionales, vinculadas con la ONU, el flujo migratorio de venezolanos va a continuar mientras no haya una solución política. Así lo considera ACNUR, en declaraciones que parecen dar prioridad a los temas políticos sobre los económicos en el caso de Venezuela. La ONU proyecta que la salida de venezolanos migrantes y refugiados totalizará más de 6 millones y medio para finales del 2020.
Esta situación, sumada a los estallidos sociales que han conmocionado a países considerados como más "estables" políticamente y más "prósperos" desde el punto de vista económico, frente a las actuales condiciones de la Venezuela de Maduro, preocupa a los gobiernos vecinos de Sur América y ha colocado a muchos venezolanos emigrantes en medio de convulsiones sociales y políticas inesperadas en los países a los que fueron a buscar trabajo y condiciones más favorables de vida. Varios países de destino de los venezolanos que abandonaron su país por la crisis económica, penurias sociales y condiciones políticas de Venezuela, debenidas en la época post-Chávez, ahora se consiguen con "caracazos" y "sacudones" en naciones que se suponían en relativa calma socio-política.
El rechazo y la violencia xenófoba que se ha suscitado en algunos sectores de las poblaciones de Colombia, Ecuador, Perú y Chile frente a los migrantes venezolanos es otro de los elementos de presión y algunos gobiernos utilizan la presencia de venezolanos como excusa frente a los desequilibrios que están viviendo y para señalar al gobierno de Nicolás Maduro como "instigador", como si pudiese realizar operaciones teledirigidas sobre una población que se fue del país por su propio malestar, en el marco de la crisis venezolana.
En vista de todo ello, gobiernos que en principio se mostraban "receptivos" y usaban la emigración de venezolanos como instrumento de ataque político, últimamente vienen levantando barreras para frenar la migración venezolana en sus fronteras, hasta el punto de que Caritas ha pedido a los gobiernos "no recrudecer barreras legales" a esos migrantes, insistiendo en que esto debe ser abordado "como un drama humanitario y no solo como una crisis política".
Estas declaraciones anteceden a la anunciada visita del "Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU" a Venezuela, prevista para el el 4 de noviembre, en un escenario en el que los sectores que apoyan al autoproclamado "presidente" Guaidó anuncian nuevas jornadas de movilización para "poner fin a la usurpación" presunta de Maduro.