El Gobierno de Ecuador anunció el miércoles que reanudará el diálogo con el movimiento indígena bajo la mediación de la Iglesia católica, cuando se cumplen 17 días de movilizaciones en el marco del paro nacional indefinido.
"Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE)", anunció el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
El funcionario del gobierno indicó que el proceso de negociaciones con la mediación de la CEE se da a petición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), movimientos que lideran las protestas desde el pasado 13 de junio.
El ministro de Gobierno, detalló que la CEE será la que determine "la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión", para llegar a una solución que ponga fin a las movilizaciones.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana será quien establezca el lugar y la hora en la que se retomará el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y campesinas que lideran las movilizaciones.
Durante el paro nacional, el Gobierno ha sostenido que las manifestaciones han estado cargadas de violencia y actos vandálicos.
Por su parte desde la Conaie han denunciado la represión estatal y que las fuerzas de seguridad habrían infiltrado a algunos agentes en las movilizaciones para provocar los hechos violentos, con el propósito de justificar las acciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes.
El lunes se había iniciado el diálogo entre el Gobierno y representantes de las organizaciones indígena, invitados por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Virgilio Saquicela, con el acompañamiento de representantes de otras instituciones del Estado, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría del Pueblo.
No obstante, el martes, cuando se disponían a continuar con las conversaciones, el presidente Guillermo Lasso, anunció que el Gobierno se levantaba de la mesa de diálogo al registrarse incidentes violentos en la provincia de Sucumbíos.
El presidente de Ecuador decretó el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país donde se concentran la mayoría de las movilizaciones y protestas.
La medida no incluye a la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, donde alrededor de 14.000 manifestantes están congregados.
Los indígenas piden una reducción del precio de combustibles, el control de precios de productos agrícolas y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos.
Puntos sustanciales
En el primer día de conversaciones, el pasado lunes, se alcanzó un acuerdo. El Gobierno aceptó derogar el Decreto 95, emitido por Lasso el año pasado, en el que se expidió la política de hidrocarburos y un 'Plan de Acción Inmediato' para el desarrollo del sector hidrocarburífero.
Ahora, se espera que avancen en la demanda que ha hecho el movimiento indígena sobre la reducción y congelación de los precios de los combustibles. El pedido de los manifestantes es bajar el costo del galón del diésel de 1,90 dólares a 1,50 y la gasolina extra y ecopaís de 2,55 a 2,10, así como entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio; hasta ahora, la respuesta del Ejecutivo fue disminuir 10 centavos de dólar.
También se prevé que se aborde la demanda de derogación del Decreto 151, igualmente emitido por Lasso en 2021, en el que se publicó el "Plan de Acción para el Sector Minero".
De acuerdo con la Conaie, hasta el lunes, previo al inicio del diálogo, habían conseguido respuestas del Gobierno en al menos cinco de los 10 puntos de la agenda que presentaron al Ejecutivo al inicio de las protestas.
En 17 días del paro nacional indefinido, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que aglutina a 15 agrupaciones, se han registrado seis fallecidos, 331 heridos y 152 detenidos.
Con información de Telesur / ActualidadRT