¿Reside la soberanía en el Estado? ¿En el gobierno como representante del Estado? ¿En el pueblo, como secularmente se ha hecho entender en los últimos dos siglos en esta parte del mundo? ¿Puede, o debe un gobernante ejercer la soberanía en representación del pueblo sin consultarlo, sobre todo, en los aspectos cruciales de la vida nacional? ¿Tiene que ser omnímodo el poder del Estado? De los grandes aportes de la Revolución Francesa, alumbramiento de la historia que nos legó la convicción de que el ejercicio de la política es algo normal y que la soberanía –Wallerstein dixit- no reside ni en el gobernante ni en un grupo de privilegiados, sino en el pueblo, surge el concepto moderno de ciudadanía. En aquellos tiempos –años otoñales del siglo XVIII y alborada del siglo XIX- estas ideas eran expresadas por los representantes más radicales del stablishment jacobino. No pudieron los regímenes que sucedieron el imperio napoleónico impedir su expansión y profundización, por lo que quienes estaban en el poder se resignaron a que tales ideas –las de soberanía y ejercicio pleno de la política- fueran amplias aunque disimuladamente aceptadas.
Lo anterior viene a colación porque la fe infinita y rayana en la demencia, que amplios sectores del chavismo tienen en su máximo líder, en el Comandante Presidente Chávez, no debe llevarlos a aceptar omnubilada y silenciosamente, sus decisiones cuando éstas rebasan los límites de la soberanía popular. Si el sistema sociopolítico venezolano se orienta hacia una democracia de corte popular, cuyo gobierno se identifica con los sentires y aspiraciones del pueblo, debe y tiene que ser consultado frente a este tipo de decisiones. ¿Cómo? A través de las asambleas populares, propiciando la discusión abierta en los consejos comunales, en las asambleas de ciudadanos, en los cabildos abiertos, abriendo el debate en la Asamblea Nacional con la participación de otros analistas y estudiosos venezolanos en la materia y llevar las conclusiones al conocimiento público.
En sintonía con lo anterior, hemos manifestado por este medio, en forma reiterada, nuestro desacuerdo con la figura de las empresas mixtas en el sector petrolero, porque violan la Constitución Bolivariana, la Ley Orgánica de Hidrocarburos y, fundamentalmente, la soberanía nacional. Esto lo reafirmamos cuando el súper ministro Ramírez reitera que las empresas extranjeras asociadas pueden declarar nuestras reservas petroleras –hasta en un 40%-, como parte de su patrimonio, lo cual infla proporcionalmente sus haberes en los libros de contabilidad. Premiamos así 90 años de expoliación, 90 años de destrucción del medio ambiente, 90 años de robo descarado de nuestra principal fuente de riqueza, 90 años de mentiras, traiciones, intentos de desestabilización y miles de otras felonías.
Y es que no debemos ir pa´lante y pa´tras. Estatizando por un lado y privatizando por el otro. ¿Cuestión de estrategia? Puede ser. Pero hacia el socialismo del siglo XXI no avanzaremos con paso firme mientras no se definan terminantemente las actitudes del gobierno.
Entendemos que decisiones de tal naturaleza se adoptan porque en Venezuela no existe aún una situación objetiva que condicione avanzar con pasos más seguros, más certeros, hacia definiciones realmente revolucionarias. Para avanzar en el condicionamiento de una situación revolucionaria se preciso -como decía Lenin, la existencia de una vanguardia revolucionaria. Estos dos factores no se dan de la noche a la mañana ni por generación espontánea. De allí que hay que redoblar los esfuerzos en todos los niveles de la organización política de vanguardia de este proceso, de una multiplicación, profundización y concienciación, sobre la necesidad de prepararnos ideológicamente para la toma del poder, del verdadero poder: político, económico, financiero, científico, tecnológico, comunicacional, informativo.
Porque, ¿es suficiente con ostentar el gobierno? Obviamente no. La historia reciente –hablamos de los últimos cien años- nos ilustra cómo, en variadas oportunidades, se ha producido en el mundo el acceso al gobierno de movimientos progresistas de izquierda, con la promesa de transformar las estructuras sobre las que descansa el viejo sistema, un viejo sistema que nació hace más de 500 años y que ha venido transformándose con el correr de las siglos para garantizarse por sí mismo su existencia, bajo el denominador común de la autoridad, del poder, de las clases dominantes representadas por los grandes monopolios y oligopolios, los militares de la derecha, la iglesia plutocrática y, en general, por los fundamentalistas de la derecha: Grupo Bilderberg, la Trilateral, el G7.
Los movimientos revolucionarios que se manifestaron a partir de 1968 tuvieron como norte la protesta contra el sistema – mundo imperante en Occidente- pero también contra las democracias populares, que evidentemente no avanzaban en la satisfacción de las promesas por las cuales accedieron al poder.
En ese orden de ideas, Chávez no debe insistir en ser, en seguir siendo, el único vocero del PSUV y del gobierno. Déjele esa tarea, esas funciones, a un profesional de la comunicación que diga, que informe, que anuncie lo estrictamente necesario. Que no se vaya por las ramas, por lo anecdótico, como suele hacerlo el Presidente. Bastantes oportunidades tiene en sus variados programas para extenderse en su discurrir político y anecdótico. No debe ser, no tiene por qué ser su propio vocero, aunque sea el más autorizado. Su liderazgo debe mantenerse incólume, invicto, invencible, al fin y al cabo ya ha trascendido las fronteras patrias.
*Investigador. cepo39@gmail.com
