El pasado 13 de julio del presente año, presentamos un documento que fue titulado "PROPUESTA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DE LA PATRIA. PARTE I. SOBRE ACUERDO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS redactado por mi compañero trabajador académico Edwin Chirinos Duque y mi persona, como un ejercicio investigativo de acción reflexiva. La explicación de esa propuesta se fundamentó en una secuencia lógica con URGENCIA para concertar, concretar y ejecutar de forma inmediata por nuestro gobierno bolivariano, cuyo Eje Central o pregunta generadora fue ramificada en tres a saber: ¿Cómo aumentar los ingresos fiscales de nuestro Estado Venezolano? ¿Cómo devolver el poder adquisitivo a nuestro pueblo en corto tiempo?, ¿Cómo remolarizar a nuestro pueblo participativo y protagónico del socialismo del siglo XXI en pleno campo de batalla, como lo ha sido esta guerra económica, financiera y comercial contra la soberanía y autodeterminación?
Esas inquietudes siguen en el imaginario de nuestro pueblo, y día a día me inquietan más, concretándose en angustias porque quien aquí escribe, es un venezolano nacido y criado en un callejón de barrio, que estudió con dificultades económicas en el sistema educativo público de la Nación desde preescolar hasta el nivel universitario, que usa transporte público ya que no ha tenido la oportunidad de adquirir al menos una vez en su vida un automóvil, que tiene serios problemas de salud visual y no ha podido operarse porque los servicios de atención médica y de operación actualmente son estimados en un dólar voraz que semanalmente asusta; este ciudadano depende de una "dedicación exclusiva" como docente universitario por un salario que le ha permitido ser creativo para vaipasear el hambre y la satisfacción de sus necesidades y que actualmente no puede darse el lujo de vivir alquilado para hacer su familia ya que su salario no le da para pagar un arrendamiento, sin embargo, desde su trinchera laboral cree firmemente en la construcción de la patria que soñó nuestro Libertador Simón Bolívar y que nuestro Comandante Chávez fielmente nos encomendó. Como conclusión quien escribe no es un pequeño-burgués, no es un privilegiado de las mieles del poder ni es un oportunista de momentos, es un mero ciudadano como cualquiera con los que comparto la carrera para abordar un autobús o como cualquiera de mis estudiantes, amistades, vecinos de comunidad: soy de aquellos que estamos abajo, y que creyendo en el poder popular le ha sido difícil la articulación y generación del mismo por las propias contradicciones presentes en las regiones, provincias que se alejan de la centro periferia del sistema impuesto y del cual llevamos 20 años en revolución deconstruyendo. Y sin embargo, me siento privilegiado ya que las angustias de muchos de mis compañeros asalariados son mayores que las mías, más dramático en el caso de mis compañeras que a su vez son padres y madres de familia.
De allí que me atrevo desde la reflexión, continuar proponiendo, porque nuestro proceso social como revolución bolivariana debe ser asumida como un proceso en construcción donde lo crítico-reflexivo deviene en lo propositivo y el discurso en acción, y allí mi propuesta surge desde las inquietudes que en estas últimas semanas hemos tenido como pueblo y que se generaron mucho más en la noche de este jueves 29 de noviembre: Es urgente y necesario re-moralizar a nuestro pueblo y necesitamos revalorizar su poder adquisitivo, y es por ello que en el marco del Estado de Excepción y de Emergencia Económica y del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, sugiero:
Primero: Acordar la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que actualmente refleja un 16%, esta exención debe ser aplicable de manera urgente a TODOS los productos, bienes y servicios que impliquen alimentos/bebidas para el consumo humano y sobre productos, insumos, bienes autopartes del ramo automotor, ya que el IVA es un impuesto que termina recayendo en los bolsillos de consumidores y usuarios, quienes actualmente estamos resistiendo los embates de esta situación.
Segundo: Hacer un ajuste de la Unidad Tributaria en base a cálculos determinados por el SENIAT a partir de la fracción en la unidad de cuenta petro. Ajuste aplicable para el pago de todos los tributos (impuestos, tasas y emolumentos nacionales, estadales y municipales) y pago de cualquier arancel ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
Tercero: Para contrarrestar el déficit fiscal generado por la exención del IVA aquí propuesto y de la generación de dinero que compromete el pago de los ajustes realizados por el factor de corrección del anclaje al petro, se debe acodar como fecha máxima hasta el 31 de enero de 2019 para el pago del impuesto Sobre La Renta del ejercicio fiscal gravable del 2018, a la Unidad Tributaria ajustada de acuerdo a lo propuesto en el punto anterior.
Cuarto: Generar una política de reducción de la carga burocrática de nuestro actual Estado, simplificando trámites administrativos, reestructurando Ministerios a efectos de sincerar el gasto público y disminuir las trabas y contradicciones generadas por la burocracia en la gestión sin que esto implique el despido de trabajadores, ya que dicha política estaría inmersa bajo los principios de eficiencia y celeridad para garantizar una sociedad justa en las siguientes acciones: * Disminuir la jornada laboral de los trabajadores (reducción de horas de trabajo hasta un máximo de cumplimiento de cinco horas por día) sin que afecte actualmente su salario revisando las categoría de dedicación/ exclusividad. Esto permitiría que muchos trabajadores puedan desempeñar un segundo empleo permitiendo garantizar mayores ingresos a sus familias. * Ampliar los horarios de atención/ funcionamiento de las instituciones dependientes del Estado a dos turnos: semanal mañana/ semanal tarde. Esto permitiría la reubicación de trabajadores por turnos y garantizaría eficientemente la atención a usuarios y usuarias en las instituciones ya que se garantizaría la movilidad y funcionamiento de instituciones al público en general al menos hasta las 6:00pm, incidiendo directamente en una mayor cobertura de atención al pueblo por parte de las instituciones del Estado, así como la garantía de movilidad y dinámicas comerciales en calle hasta altas horas, generando psicológicamente en la población una situación de atención, operatividad y seguridad por parte de nuestro gobierno.
Quinto: Hacer un ajuste de la cesta ticket a través de resolución que refleje realmente su anclaje al petro, recomendándose que la misma represente un 15% de su valor total. A efectos de no impactar los costos del sector privado y evitar un disparo en los precios, se recomienda que dicho pago de la cesta ticket se haga a través del Sistema Patria/ Monedero Digital y asumido por nuestro gobierno como una estrategia complementaria de las políticas de alimentación como el CLAP sustituyendo la emisión de dinero inorgánico a través de la política de bonos asistencialistas, cambiando su connotación a un beneficio de ley vinculado a las actividades laborales-productivas, como lo es el beneficio de alimentación.
Por último, como consecuencia de estos últimos 100 días, hemos visto que la actividad comercial ha sido marcada fuertemente por las transacciones en dólares de manera pública y abierta donde la manipulación intencional y desestabilizadora del dólar ha incidido en la inflación acelerada, revalorizándose dicha divisa en el mercado paralelo en 100 días en un 785% que ha incidido en la pérdida del poder adquisitivo del pueblo, y es por ello, que insisto en retomar unas ideas del primer documento publicado, siendo éstas:
Sexto: Decretar durante un período de cuarenta y cinco días (45) el cierre del paso de particulares por la frontera Colombo-Venezolana y Brasil-Venezuela, decretándose la prohibición de tenencia, circulación y el intercambio de moneda extranjera dentro del territorio nacional, independientemente de la cantidad, fundamentado en el artículo 318 de la Constitución Nacional. Quedando exceptuado de dicha normativa el Banco Central de Venezuela, las Casas de Cambios y Entidades Bancarias/Financieras debidamente autorizadas, las instalaciones, espacios de representaciones diplomáticas y de organismos de Derecho Internacional Público que hagan vida dentro del territorio de la República.
En el caso de particulares y personas jurídicas, las mismas deberán realizar el cambio de dichas divisas en las Casas y Entidades Bancarias/Financieras debidamente autorizadas dentro de los 45 días siguientes a la entrada en vigencia de dicha normativa so pena de imputársele delito de contrabando ante la autoridad judicial.
Séptimo: Desarrollar un Plan de Inspección, vigilancia y control de las actividades de mercadeo por medios electrónicos como páginas web y redes sociales a través de la Unidad de Delitos Informáticos del CICPC y bajo el direccionamiento del Ministerio Público a efectos del cumplimiento de lo antes señalado y la prohibición de publicaciones de mercadeo por cualquier medio para las transacciones en moneda extranjera dentro del territorio nacional, exceptuando transacciones en petro o criptomoneda, bolívares, bonos de mercado de capital autorizados o certificados en oro.
Octavo: Implementar un Sistema de Banca Pública y Casas de Cambio de forma automatizada que permita la compraventa/canje de divisas en todos los puertos, aeropuertos y fronteras con vinculación a relación internacional (puertos con relaciones de navíos internacionales, aeropuertos internacionales, puestos de frontera) con la consecuente medida de detención por contrabando de aquellas personas que pretendan salir del territorio nacional con moneda física venezolana o introducir moneda extranjera no destinada al pago de servicios de inmigración, extranjería ya que dicha prestación de servicios debería realizarse a pocos metros de la frontera dentro de un perímetro previamente establecido dentro de las Zonas de Seguridad de la Nación. Cualquier persona que salga o entre al territorio nacional deberá de manera obligatoria cambiar su dinero en dichas Entidades Bancarias y Casas de Cambio autorizadas, al valor fijado por el Estado Venezolano y en caso de salir del territorio nacional deberá ser cambiado el Bolívar por la moneda de circulación legal del país de destino y/o de conexión, debiendo presentar el comprobante de transacción por las cantidades de dinero que transporta ante la autoridad de inmigración, por lo que en caso de incongruencia entre la cantidad declarada y la cantidad señalada en dicho comprobante pudiese generarse la negativa de la salida del país con una consecuente multa hasta la prohibición de salida del país con la consecuente detención por contrabando.
Estas ideas ya exteriorizadas en este documento, espero sean recibidas, apreciadas y reflexionadas por aquellos que estando arriba puedan tomar decisiones en defensa de los de abajo, recordando que somos los de abajo quienes resistimos desde la unidad, lucha, batalla en estos últimos años garantizando la victoria de la revolución Bolivariana, aquella revolución con contenido humanista y socialista, sé que será así, el Comandante nos encomendó un trabajo: Vivir y Vencer.