06.09.20 - Lilian y María Villalba tenían 11 años. Eran de Clorinda, provincia de Formosa. El pasado 2 de septiembre murieron acribilladas por las balas del ejército de Paraguay en un operativo contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Luego fueron enterradas como NN y acusadas de ser guerrilleras.

"El operativo fue un éxito importante, hay dos abatidos del EPP", declaró Mario Abdo Benítez, primer mandatario de Paraguay. "Se sabe que las dos fallecidas son personas que están desde hace tiempo en la clandestinidad", dijeron desde el Ministerio Público.

Ambas niñas eran sobrinas de la presa política Carmen Villalba y habían viajado a Paraguay a visitar a su familia. "Recibieron todas las balas de atrás. Fueron vilmente ejecutadas y luego les pusieron el uniforme para decir que son beligerantes", manifestó Carmen.

El ataque del ejército paraguayo sucedió en un campamento de la ciudad de Yby Yaú, en el límite de los departamentos de Amambay y Concepción. Allí se encontraban las niñas visitando a familiares. "Ellas no eran beligerantes, estaban haciendo el quinto grado acá, en Misiones", contó para ANRED la tía de las menores, Miriam Villalba.

Sin embargo, Juan Villamayor, jefe de Gabinete de Paraguay, declaró: "Eran niñas soldados, que las utilizaron los líderes de esta organización como su propio escudo".

Desde la Gremial de Abogados desmintieron la versión oficial del gobierno paraguayo. "Nacieron en Argentina, iban a la escuela en Argentina, se criaron en Argentina. Cualquiera puede confirmar que iban a la escuela primaria", afirmó Gustavo Franquet. "Es absolutamente falso lo que intenta instalar el gobierno", aseguró.

"Independientemente de que tengan padres campesinos paraguayos y militantes del EPP, las niñas eran civiles y además eran argentinas", destacaron desde la Gremial.

Desde el Estado paraguayo primero dijeron que habían asesinado a Magna Meza, una de las líderes del EPP. Luego que las niñas tenían edades que oscilaban entre los 15 y 17 años. Y finalmente que fueron "puestas como escudo", durante el supuesto enfrentamiento. Después de dos autopsias admiten que "más de 11 no tenían".

Respuesta del Gobierno argentino

En tanto que desde la Cancillería Argentina se emitió un comunicado donde se le demanda al gobierno de Paraguay "el urgente esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de dos argentinas de 11 años". "Rechazamos enérgicamente toda expresión oficial que busque encubrir responsabilidades", agregan.

A su vez, rechazan "de la manera más enérgica las expresiones injustificadas del General Héctor Grau como Comandante de la FTC, adjudicando a la Argentina haberse convertido en una "guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo".

Por otra parte, la Cancillería confirmó las edades de las niñas a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). "Las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas de once de años de edad", determinó el registro.

"Esta operación es heredera y continuadora de la tiranía stronista"

Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos que el asesinato de las menores "vulnera toda regla, aún en un conflicto armado". "Tenemos la plena certeza que esta tenebrosa operación es heredera y continuadora de la tiranía stronista", afirmaron.

Y añadieron que "la ausencia de un firme Juicio y Castigo a torturadores y saqueadores de ese tiempo, favorece el dominio inescrupuloso y violento de esta actual camarilla de delincuentes".

Asimismo, desde el Partido Comunista Paraguayo afirmaron que "lo que hubo es irrupción terrorista propia de grupos armados de la mafia, que es lo que más se ajusta a la condición de la FTC".

Mientras, el vicario de la Diócesis de Concepción, Monseñor Pablo Cáceres, denunció que "las FTC persiguen a los dirigentes campesinos, a los que tienen conciencia crítica", además de repudiar el hecho.

ONU exige esclarecer muerte de niñas en operativo contra EPP

Paraguay "debe investigar sin demora y de forma imparcial" la muerte de dos niñas durante un operativo realizado esta semana contra la guerrilla EPP, dijo este domingo el representante en América del Sur de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

Jarab afirmó que su oficina ha recibido "información inquietante" sobre intentos por manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró "crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos.

En concreto, detalló que es particularmente importante tener presente el "Protocolo de Minnesota", en referencia al Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.

El representante de ONU DD.HH. en Sudamérica subrayó que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.

También recordó al Estado paraguayo que "la participación de personal militar en tareas de seguridad interna debe realizarse con pleno apego a las normas internacionales de derechos humanos, siempre bajo control de la autoridad civil y con los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, como establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".