13 de octubre 2008. - Dos abogados colombianos que hasta ahora guardaron el secreto han
contado a El Nuevo Herald los detalles de sus gestiones con
guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados Unidos. Ya estaba
totalmente acordada la traición de dos mandos guerrilleros que
entregarían a los dos estadounidenses secuestrados a cambio de una
fuerte suma de dinero ofrecida por los servicios de inteligencia
estadounidenses. Los dos guerrilleros podían terminar asilados en
Francia. Sin embargo, el gobierno de Colombia interceptó la operación
para patrimonializar el rescate, los dos guerrilleros creían estar
entregando a los retenidos según lo negociado y acabaron burlados.
Esta versión se ajusta perfectamente a la argumentada por la
dirección de las FARC, quien afirmó que fue traicionada por los dos
mandos responsables de la custodia, y demostraría que el gobierno
Uribe, solo se dedicó a interceptar -y poner en serio peligro- una
negociación que ya estaba cerrada. El gobierno de Colombia camufló
aviones militares de color blanco para que pareciesen de una
organización humanitaria y disfrazó a los militares de miembros de la
Cruz Roja y periodistas de Telesur sin importarle violar la Convención
de Ginebra. De esta forma, los dos guerrilleros creían estar entregando
a los secuestrados según lo negociado y terminaron engañados. Y de paso
se creaba suficiente desconfianza en la guerrilla para cerrar cualquier
otro posible acuerdo humanitario.
La información fue publicada en el diario estadounidense El Nuevo Herald, este domingo, bajo el título "Detalles inéditos de la Operación Jaque"
A medida que pasa el tiempo, se conocen nuevos detalles de los
esfuerzos que se hacían tras bastidores en varias partes del mundo para
buscar una solución a la angustiosa situación de un grupo de
secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), entre quienes se encontraban la ex congresista Ingrid
Betancourt y tres contratistas del gobierno de Estados Unidos.
Dos abogados colombianos que guardaron en secreto su participación
en uno de esos esfuerzos, le contaron a El Nuevo Herald los detalles de
sus gestiones con guerrilleros y funcionarios de Colombia y Estados
Unidos.
Carlos Arturo Toro López, uno de los abogados que más casos de
extradición ha llevado en Colombia, y su colega, que prefirió no ser
identificado, sostienen que cuando escucharon la propuesta que hicieron
intermediarios de las FARC para la liberación del grupo de
secuestrados, contactaron a la embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Según ellos, se comunicaron con funcionarios de agencias federales
de inteligencia de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de
Investigaciones (FBI), así como con una fiscal colombiana especializada
de la división de antiterrorismo y un agente especial del CTI [Cuerpo
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de Colombia] que
estuvo al tanto durante todo el proceso.
También contactaron al abogado penalista de Atlanta, Georgia,
Jeffrey Manciagli, quien agregó al grupo a un socio suyo. Ambos
aceptaron encargarse de llevar el caso ante las autoridades
norteamericanas, porque "si tú negocias aquí [Colombia] y no negocias
con los gringos, no has negociado nada'', dijo el socio de Toro López
en diálogo con este reportero.
Los dos penalistas colombianos y Manciagli comenzaron a preparar la
entrega de secuestrados a través de un fluido cruce de correos
electrónicos al cual El Nuevo Herald tuvo acceso.
El 21 de mayo le informaban a Manciagli: "Como sabes, estamos
tratando de llevar a cabo una negociación muy importante, donde
necesitaríamos tu colaboración para cuadrar la compensación por la
gestión profesional de nosotros y la cual debe desarrollarse en tu
país. De otro lado, de ser cierto los acercamientos que estamos
haciendo sobre el tema, tendrías que viajar a Colombia en estos días [.
. .] ¿podemos contar contigo?"
El 5 de junio los dos abogados colombianos insistieron en la
necesidad de que Manciagli viajara a Colombia, a lo cual éste
respondió: "Lo que sí puedo confirmar es que el gobierno americano
ofrece una recompensa de $350,000 por los tres [estadounidenses] y que
el gobierno tiene un fondo de $100,000,000 para dar recompensa para los
que logran la libertad de ellos y a Ingrid. Estoy muy interesado en
esto''.
El asunto avanzaba y el 23 de junio Manciagli ya tenía un socio
para el caso y ese día le escribió a Toro López: "Hablé con mi colega
[aquí el nombre del colega] y está listo tan pronto sea necesario. O lo
llevo a Colombia dos veces, pero tiene casi dos años que no ha ido y
tiene muchas ganas de regresar. Esperamos lo mejor. Atentos saludos,
Jeffrey''.
El contacto principal que mantuvo el puente entre los abogados y
los dos carceleros de las FARC expuso que ‘‘ellos van a dar unas
coordenadas a las que hay que llegar en helicópteros, los dos
guerrilleros se subirán con los rehenes, se producirá la liberación y
se les debe garantizar que no van a ser extraditados a Estados
Unidos'', contó el abogado no identificado.
"Un requisito que quedó muy claro era que no se iba a hacer ni un
solo disparo porque la zona a la que llegarían los helicópteros iba a
estar llena de guerrilleros y en caso de comenzar un tiroteo los dos
jefes de las FARC se pondrían con sus fusiles del lado de su gente'',
agregó el abogado no identificado.
Cuando el plan de entrega planteado por las FARC estaba claro, los
abogados hablaron con un funcionario del FBI, con otro de la Agencia de
Lucha contra las Drogas (DEA), y otras agencias.
"Los gringos [de las agencias de inteligencia] mostraron total interés'', contó el abogado no identificado.
‘‘Nos dijeron que apenas hubiera algo concreto ellos entrarían a
aportar todo el asesoramiento, el apoyo y todo lo que fuera
necesario'', pero "ellos decían que para dar el primer paso se
necesitaban indefectiblemente pruebas de supervivencia, pero nunca las
hubo''.
Simultáneamente, antes de llegar a la liberación física de los
rehenes, los abogados colombianos le dieron al contacto principal
copias de un poder de representación judicial que debía llevarles hasta
la clandestinidad a Antonio Aguilar, alias César, y Alexander Farfán,
alias Enrique Gafas, para que los firmaran autorizando las gestiones y
el mandato que iban a llevar a cabo.
El Nuevo Herald obtuvo copia del poder en que los dos abogados
colombianos previeron la mayor cantidad posible de circunstancias para
actuar que incluía "aproximaciones, contactos, consultas...", con
autoridades con el objeto de acordar "todo lo atinente al suministro
por mi parte, de información sobre temas específicos de interés para la
seguridad nacional y la paz del país, en especial, dentro del marco de
la política de seguridad democrática del actual gobierno de Colombia,
que pudieran conducir al descubrimiento y la incautación de bienes en
general, armas, material de intendencia, instalaciones estratégicas y
valores de procedencia ilícita, y/o a la localización y captura de
personas miembros de grupos armados al margen de la ley''.
Copias del poder les fueron entregadas a oficiales de las agencias
de inteligencia estadounidenses, a la fiscalía colombiana y al agente
especial del CTI que asistió a todo el proceso. Por los días en que los
abogados se cruzaban correos electrónicos y mantenían al tanto del
asunto a agentes legales y policiales de los dos países, el presidente
de Francia, Nicolás Sarcozy, estaba empeñado personalmente en una
campaña por la liberación de Ingrid Berancourt, quien tiene
nacionalidad francesa. Sarkozy había ofrecido dar asilo a los
guerrilleros que liberaran a rehenes de manera unilateral.
Mientras las copias del poder viajaban hacia el sur de Colombia en
manos del intermediario para que las firmaran los dos carceleros en sus
guaridas amazónicas, el 13 de junio del 2008 el presidente de Colombia,
Alvaro Uribe, reveló que Ingrid Betancourt aparentemente formaría parte
de un grupo de secuestrados que iban a ser liberados por guerrilleros
que esperaban beneficios a cambio, entre ellos el de no ser
extraditados a Estados Unidos.
"A un guerrillero que está ofreciendo que va a entregar a Ingrid
Betancourt y a otros secuestrados, se le mandó una carta que él pidió.
La mandó la directora del DAS [policía secreta] con mi autorización, de
que si cumple con eso no se le extradita. Ojalá esto sea verdad'', dijo
Uribe aquel 13 de junio durante un discurso en Bogotá pronunciado en un
foro llamado Inseguridad, dolor evitable, al que asistieron varios ex
presidentes de América Latina.
Dos días después, el comité de apoyo a Betancourt que funcionó
durante años en París pidió ayuda del presidente de Estados Unidos,
George W. Bush, para obtener la liberación de los secuestrados en poder
de las FARC, incluyendo a los tres ex militares estadounidenses
contratistas del Pentágono (Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas
Howes), quienes quedaron en poder de las FARC el 13 de febrero del
2003, cuando cayó a tierra en el departamento de Caquetá el avión
Cessna Caravan-208 que tripulaban durante un vuelo de rutina en busca
de plantíos de coca y de posiciones guerrilleras.
"Pedimos a George W. Bush que haga todo lo posible para que sus
conciudadanos y todos los rehenes de las FARC sean liberados por fin,
en condiciones que garanticen su supervivencia'', pidió el Comité con
motivo de una visita de dos días de Bush a Francia en el desarrollo de
una gira por Europa.
Con las firmas otorgando poderes a los abogados el proyecto
entraría en la etapa final: los secuestrados serían liberados y
saldrían de la selva en dos helicópteros junto con sus dos principales
carceleros. Estos quedarían al amparo de un tercer país,
preferiblemente Francia, para recibir asilo.
Pero el emisario que debía regresar con el poder firmado comenzó a
tardar. Los abogados creen que habían transcurrido unos 15 días cuando
fueron sorprendidos por las noticias el 2 de julio: los tres
estadounidenses, Ingrid Betancourt y 11 militares y policías
colombianos habían sido liberados en el transcurso de una operación de
rescate "exactamente igual a la que nosotros habíamos preparado''.
La única diferencia consistía en que los mandos militares
colombianos sostenían que los dos jefes carceleros habían sido
engañados por los servicios de inteligencia, que los redujeron a golpes
y con sedantes en pleno vuelo mientras los rehenes comenzaron a saltar
emocionados dentro de uno de los helicópteros después que un oficial
les anunció: "Somos el Ejército de Colombia, están libres''.
Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana habían sido pintados
de blanco y rojo simulando ser de rescate y salvamento y eran
tripulados por oficiales encubiertos que sacaron a los secuestrados
fingiendo ser una misión humanitaria internacional que los llevaría,
junto con los carceleros, hasta el campamento clandestino de Guillermo
Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, máximo jefe de la organización
terrorista.
"Bueno, otra cosa que resultó distinta fue lo de Aguilar y Farfán.
No estaba previsto que quedaran presos ni que fueran a ser extraditados
a Estados Unidos'', contó el abogado no identificado.
Mientras la prensa internacional transmitía la noticia de la
liberación, Manciagli, confundido, escribió un correo electrónico a sus
colegas colombianos: "Es muy buena noticia que han liberado a estos
rehenes. Pero tengo mis dudas que pasó como todos están diciendo. No
creo que fue un rescate''.
En conversación con El Nuevo Herald, Manciagli expuso: "A mí me
pareció muy extraña la manera como están diciendo que todo eso pasó,
que los engañaron [a los carceleros de las FARC]. No creo la historia
que dieron. Para mí, no fue así pero cuando eso salió en las noticias
la primera cosa que yo pensé es que era un engaño, porque, como digo,
me habían hablado exactamente de ese tema unas dos o tres semanas
antes, el doctor Toro''.
Manciagli sostiene: "Mi hipótesis es que sí había una negociación y
que ellos [los guerrilleros] pensaron que estaban entregando a esa
gente como habían negociado. Pero el gobierno [de Colombia] quiso tomar
el crédito para ganar más publicidad y todo lo que viene. Eso es lo que
yo creo''.
La liberación es reclamada por Colombia como un rescate genial de
su inteligencia militar y así es reconocida internacionalmente.
Hace dos semanas los abogados defensores de los dos carceleros, los
penalistas Rodolfo Ríos y Eduardo Matías, aseguran que agentes del FBI
habrían participado en la Operación Jaque y renunciaron a ejercer la
defensa alegando que sus clientes los habrían engañado ocultándoles
información valiosa sobre el caso.
A raíz de la protesta de Ríos y Matías se supo que en el pedido
estadounidense a Colombia para la extradición de Aguilar y Farfán se
revela que el FBI posee una computadora de este último. Esto, de
acuerdo con los defensores, lo desconocía la propia justicia
colombiana.
"Conocimos en la solicitud de extradición, hace apenas cinco días,
que al momento de la captura de Alexander Farfán le fue incautado por
agentes del FBI un computador con valiosa información'', dijo uno de
los abogados defensores de los carceleros cuando anunciaron su
renuncia.
"Se ha convertido al defensor en un simple espectador,
sencillamente para que se simule que hay defensa como requisito formal,
pero totalmente limitada en el ejercicio de la defensa técnica y de
refutación de prueba'', agregó.
Ríos y Matías protestaron también porque, aseguran, durante los dos
meses en que ejercieron la defensa de los terroristas no pudieron
conocer el contenido de grabaciones hechas a conversaciones que Aguilar
había sostenido con miembros de la jefatura de las FARC a través de
teléfonos satelitales y comunicaciones radiales.
Los abogados también protestaron porque no les entregaron copias de
grabaciones inéditas de video que alias Farfán filmó durante la entrega
de los rehenes con una cámara que le fue incautada cuando fue arrestado
a bordo del helicóptero.
El informe policial en que se basa el pedido de extradición de los
dos carceleros, elaborado por el agente del FBI, Lázaro Andino, asegura
que de acuerdo con la información en el computador incautado se ha
podido determinar que Farfán viajó a Brasil en el 2003 para cambiar un
cargamento de cocaína por armas de guerra.
En cuanto a Aguilar, el informe dice que durante el 2007 hizo
múltiples llamadas a una empresa telefónica de Estados Unidos con el
objeto de que le indicaran cómo manejar un teléfono satelital que le
había dado, a cambio de cocaína, el narcotraficante colombiano José
María Corredor Ibagué.
Estos vínculos con el narcotráfico son los puntales para conseguir
que la Corte Suprema de Justicia de Colombia conceda la extradición de
los dos hombres.
¿En qué punto los abogados contactados para la entrega de los
rehenes salieron del libreto y en cuál los terroristas carceleros
perdieron la posibilidad de obtener los beneficios que pedían a cambio
de su gesto de ‘buena voluntad' ''?
Una fuente de la fiscalía colombiana que confirmó la versión de los
abogados, aportó una hipótesis a El Nuevo Herald. Una atractiva
guerrillera, con el alias de Doris Adriana, que estuvo en las FARC
desde los 16 hasta los 36 años, era amante de Aguilar en el momento de
caer en manos de las autoridades colombianas en febrero del 2008.
Contactada por agentes de inteligencia estadounidenses en la
cárcel, a última hora habría hecho el papel intermediario que les
quitaron a los abogados. De este modo, los amantes podrían volver a
reunirse. De ser así, se le debería a Doris Adriana una buena parte del
éxito de la Operación Jaque.
Toro López, su colega colombiano y Manciagli no creen por completo en la versión oficial colombiana sobre el rescate.
Cualquier conversación con ellos sobre este caso termina entre risas con una anécdota, contada por el abogado no identificado.
"Apenas se conoció la liberación comenzaron a llamarnos amigos del
FBI, de la policía y de la fiscalía para felicitarnos. Hay quienes no
quieren creer que nosotros no pudimos llegar hasta el final de lo que
salió calcado a lo que planeamos desde mayo''.
Un helicóptero de fabricación rusa es pintado de blanco para participar en la operación. 27-08-08
Helicóptero cubierto con tela de camuflaje, antes de partir al punto de encuentro acordado con los guerrilleros.
Todo preparado para que los falsos delegados de organismos humanitarios internacionales aborden el helicóptero.
Chaqueta de Tommy Hilfiger en un asiento del helicóptero, como la que vestía Ingrid Betancourt al salir del aparato.
Un oficial retira la tela de camuflaje de uno de los helicópteros, minutos antes de partir hacia la misión.
Ingrid Betancourt y el cabo William Pérez celebran su libertad minutos después de conocer la noticia.
El contratista estadounidense Marc Gonsalves celebra la noticia dentro del helicóptero.
El contratista estadounidense Keith Stansell celebra su libertad junto a un tripulante del helicóptero.
Ingrid Betancourt y el cabo William Pérez, junto a un tripulante del helicóptero. |