En la República de Ecuador, por propia iniciativa -recogen los cables internacionales-, la Fiscalía inició una investigación a dos altos cargos del gobierno del presidente Rafael Correa y a un antiguo funcionario por supuestos hechos de corrupción que denunció el hermano del mandatario.

Reseña la noticia que la investigación preliminar cobija a los secretarios de Administración, Vinicio Alvarado, y Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, así como al ex jefe anticorrupción del gobierno, Alfredo Vera.

La fiscalía ecuatoriana busca evidenciar las acusaciones contra esos funcionarios planteadas por el hermano del presidente, Fabricio Correa, la semana pasada ante la Fiscalía, según el responsable del caso, Alfredo Alvear.

Esta noticia, publicada en Panorama el pasado sábado 10 de octubre, debe constituirse en un ejemplar llamado de atención a todos los gobiernos progresistas del continente, ante la ola de denuncias que proliferan, la mayoría de ellas especulativas, pero que en todo caso deben satisfacer al colectivo nacional en la búsqueda de deslastrar la Administración Pública Nacional –en el caso venezolano- de hechos y de funcionarios signados como escandalosos.

Sería ocioso enumerar la cantidad de obras presupuestadas, pagadas y no realizadas, o inconclusas y abandonadas, señaladas por el propio Presidente de la República, cuyas “investigaciones “ no arrojan culpables. Delitos sin delincuentes, hechos de corrupción sin corruptos, crímenes sin criminales, fraudes sin defraudadores.

Y es que en nuestra Revolución Bolivariana, Socialista y Participativa, Humanista e Incluyente, tales señalamientos se enmarcan –al igual que en Ecuador-, en un proceso de liquidación unilateral y anticipada de millonarios contratos adjudicados por el Estado a compadres, hermanos, parientes de primera y segunda línea, primos, cuñados, allegados a altos funcionarios del gobierno, en fin, testaferros, los cuales son blanco de duras críticas porque ante esas denuncias no son investigados por lo que actúan con olímpica impunidad.

En el caso de Ecuador, el Presidente Correa consideró “no éticos” esos negocios al haber sido celebrados con un familiar suyo. “Afectan gravemente la fe pública y el espíritu de una ley expedida por el gobierno que prohíbe la concesión de obras a los familiares del presidente”, afirmó Correa cuando estalló el escándalo.

En líneas similares se ha pronunciado el Presidente Chávez en los casos referidos a Venezuela, aunque algunos hechos han pasado “agachados”. En años recientes han abundado denuncias contra altos hombres del petróleo. Uno de los casos más sonados es quizás el de Wilmer Ruperti, un magnate naviero que recorre la ciudad de Caracas en un BMW a prueba de balas con chofer y que debe gran parte de sus riquezas –presuntamente- debido al régimen de Chávez.

Sentado en su oficina hace unos días, Wilmer Ruperti, un hombre de aspecto robusto y sociable de 46 años, que usa un collar de oro y zapatos de cocodrilo, estudia minuciosamente una encuesta que, dice, encargó por US$60.000 y muestra que Chávez tiene una ventaja cómoda. Ruperti, el opulento empresario muy sonado en un “affaire” denunciado por el periodista Leocenis García, es señalado una y otra vez por negocios turbios en contratos de fletes y alquileres multimillonarios en dólares de buques petroleros con “altos directivos oficiales”, donde supuestamente abundan contrabandos de extracción y manipulaciones petroleras “non santas”, además de notorias evidencias de ser favorecido reiteradamente con contratos leoninos por parte de PDVSA, en desmedro de la flota petrolera de la empresa estatal. La Contraloría y la Fiscalía General de la República deben hacerse eco de estas “noticias criminis” con acciones transparentes que deben ser informadas a toda la nación, “caiga quien caiga”, como reiteradamente afirma el líder fundamental de nuestra Revolución Bolivariana.

Estas denuncias contra altos jerarcas oficiales son noticia no tan sólo en Ecuador y Venezuela. Hoy día los medios recogen señalamientos similares en Argentina y Bolivia, en Perú y Colombia, y hace dos años conocimos de un ruidoso escándalo en Brasil que “salpicó” a varios políticos allegados al Presidente Lula.

Siendo la corrupción una de las principales “plagas” que amenazan y debilitan el Proceso Revolucionario, no se le debe dar cuartel. Hay que atacarla en todas sus instancias y donde quiera que se manifieste. La Asamblea Nacional, el Gobierno Central, la Contraloría, la Fiscalía, tienen –deben- que avocarse a tiempo completo y con dedicación exclusiva a combatir este implacable enemigo de los venezolanos y de los latinoamericanos.

Ya Ecuador actuó. Sigamos su ejemplo.

(*)Profesor – Investigador

cepo39@gmail.com