14-03-25.-Cinco militares y un fiscal del Ministerio Público fueron detenidos en el estado Guárico por su presunta participación en la manipulación fraudulenta de expedientes penales.
Según anunció el MP, las detenciones forman parte de una investigación que reveló supuestas irregularidades en la sustanciación de causas judiciales.
El fiscal arrestado fue identificado como Asdrúbal Javier Hernández Febres, fiscal 16 del Ministerio Público con competencia en delitos de drogas, extorsión y secuestro, material estratégico, delitos económicos y legitimación de capitales, con sede en San Juan de los Morros.
Hernández fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el martes por la jueza Elenys Contreras, del Tribunal 2° de Control de Guárico.
Se espera que sea imputado por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones agravado, omisión dolosa de recursos legales, simulación de hecho punible y agavillamiento, según el expediente JPC1-P-2025-000117.
Los cinco militares detenidos el lunes pasado fueron identificados como Yeferson Euclides Cheremos Rebolledo, Eduard Manuel Trejo Rodríguez, Carlos Manuel Alagares Arvelo, Wilfred José Meza Ocanto y Jhosner José Fermín Bernand, todos con la jerarquía de sargento y adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
Las órdenes de captura contra ellos fueron emitidas el 26 de febrero por el Tribunal 5° de Control de Guárico, a cargo de la jueza Michael Alejandra Rodríguez Castillo.
De acuerdo con la investigación, los militares estarían implicados en la detención irregular de Gabriel Ramírez, ocurrida el 14 de febrero de 2024 en San Juan de los Morros.
Según la denuncia de su abogado, Fidel Tupano, Ramírez fue acusado falsamente, lo que llevó a la imputación de los militares por trato cruel, privación ilegítima de libertad con abuso de autoridad, simulación de hecho punible, agavillamiento y trato inhumano.
El Ministerio Público confirmó las detenciones a través de sus redes sociales, señalando que la investigación evidenció graves irregularidades en el proceso judicial, con la simulación de hechos punibles y la vinculación directa de los funcionarios en la manipulación de una causa penal.