Bogotá, octubre 10 - El desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue condenado este miércoles a 24 años de prisión por la masacre de Mapiripán, cuando unos 80 miembros de las Autodefensas Campesinas de Canare mataron a al menos 49 personas.
El ex comandante paramilitar, quien se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos, fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado, terrorismo y concierto para delinquir. El fallo fue proferido por un Juzgado de la ciudad de Villavicencio (centro).
El pasado lunes, por estos mismos hechos, Héctor Germán Buitrago
Parada, alias "Martín Llanos", quien lideró el grupo paramilitar
Casanare, aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado
en concurso homogéneo y simultáneo, secuestro agravado y terrorismo.
La
masacre de Mapiripán fue perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de
1997 por unos 80 miembros de las Autodefensas Campesinas de Canare
quienes mataron al menos a 49 personas, aunque no se ha confirmado el
número de víctimas porque muchos de los cuerpos fueron descuartizados y
arrojados a un río.
Durante 5 días con sus noches los habitantes estuvieron a la merced de los criminales, cinturones militares evitaban la salida, las casas eran allanadas, buscando papeles, libros o cualquier elemento que involucrara a sus moradores con la guerrilla, ya estableciendo quienes habitaban, con una “lista negra” previamente elaborada antes de la incursión, capturaban, torturaban, desmembraban, desvisceraban y degollaban a sus víctimas, muchos de los infortunados terminaron arrastrados por el caudaloso río Guaviare, así fueron eliminando las pruebas los victimarios.
Las autoridades informaron que fueron asesinadas al menos 49 habitantes y cientos de personas más salieron de la población desplazados
Según confesaron hace tiempo a las autoridades los ex jefes
paramilitares Hébert Veloza y Salvatore Mancuso, la incursión fue
ordenada como represalia contra una población que "colaboraba con la
guerrilla".
En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
condenó al Estado colombiano porque el Ejército no protegió a la
población civil en Mapiripán y ordenó el pago de indemnizaciones a las
víctimas.
Los grupos paramilitares colombianos, organizaciones
armadas de extrema derecha toleradas por el Estado, mataron a muchas
personas a las que consideraban sospechosas de apoyar a grupos de
izquierda.