La derrota que el gobierno de Nicolás Maduro propinó a la oposición venezolana está vigente. Después de resistir una guerra frontal en la calle contra el paramilitarismo, la violencia, el terrorismo, la campaña internacional de desprestigio y amenazas llegó la hora de cobrar a los perdedores la derrota.Las fuentes de la conspiración contra el gobierno bolivariano, revolucionario y socialista están bien definidas.

Por una parte, los Estados Unidos que dan lineamientos y financian la subversión, por otra, el capital financiero imperialistas y las empresas nacionales y transnacionales que controlan la producción, distribución y venta de artículos de primera necesidad: alimentos, medicamentos, insumos de todo tipo, entre otros.

 

¿Qué hacer?

La guerra de cuarta generación que estamos enfrentando en Venezuela hay que aplicarle las herramientas que la Constitución Bolivariana cuenta para eliminar esa amenaza en contra del Estado que debe velar por la preservación de la población, en el cumplimiento de todos los derechos humanos fundamentales, donde los referidos a la salud y la alimentación de la familia venezolana prevalecen.

Llegó la hora de cobrar a los vencidos. Quienes hayan estado vinculados a la guerra contra el Estado debe recibir una sanción ejemplar. Las empresas que se han sumado al saboteo deben ser nacionalizadas, intervenidas, expropiadas o sencillamente cerrar la actividad de la banca privada. Los políticos y las organizaciones que han llamado a la invasión deben ser sancionados como traidores a la Patria.

La Asamblea Nacional Constituyente debe ser muy contundente en las medidas que aplique a partir de este momento histórico. Chávez perdonó a los que lo tumbaron en el 2002. ¿Qué pasó? Interpretaron aquel gesto como debilidad y se lanzaron con todo contra él y el estado con un paro patronal asesino. Esas heridas están abiertas y los dirigentes tienen que aprender de la experiencia histórica.

No existe medida que tome un gobierno revolucionario que no se catalogada de arbitraria y autoritaria. No hay que temerle al qué dirán, hay que hacer lo que necesita el Estado para garantizar los derechos fundamentales. Un Estado tiene que usar las herramientas legales que tiene para defender a la nación con independencia y autonomía en la actuación ante cada reto o amenaza.

 

Hay que impedir que después del 20 de mayo continúe la impunidad. Mano dura no es aplicar la justicia por su mano, es aplicar las leyes y si no existen crearlas para endurecer la responsabilidad de aquellos que trabajan haciendo el juego a los imperialistas. Cada cabeza de playa interna del imperialismo debe ser derrotada. El pueblo sabe quiénes son y dónde están y si el Estado no actúa se está creando el escenario para que el pueblo lo haga.

El Poder Comunal debe imponerse. Las comunidades y el pueblo junto a las instituciones del Estado fijarán las normas de funcionamiento de las empresa y entidades que tengan aciento en cada comuna. No puede continuar la impunidad que de las mafias y los politiqueros con camisa roja, es la hora de recticiar y de cambiar todo lo que deb ser cambiado.

 

 

La toma de la empresa Alimentos Kellogg, la planta de elaboración de cereal ubicada en Maracay Estado Aragua, significa la implementación de procedimientos encaminados al control de la producción de rubros fundamentales en la alimentación de la población. De esta manera se sienta un precedente importante en la intervención de este tipo de empresas. En la banca con la intervención de Banesco comienza una estrategia de liquidar el sector que conspira al facilitar las estructuras mafiosas del monstruo del bachaquerismo.

No a la impunidad es la mejor manera de ser libres, independientes y soberanos. El Estado y sus instituciones no pueden permitir bajo ningún concepto que particulares amenacen la seguridad de la nación. Existe la legislación constitucional para protegernos y si no existe hay que crearla. La Asamblea Nacional Constituyente debe estar vigilante ese es su rol histórico para alcanzar la paz y el bienestar de nuestro pueblo.