Tres factores influyeron en los hechos violentos ocurridos en la Paragua y Maripa. En primer lugar los militares que causaron muerte a los mineros en una operación militar, quienes alegaron ser atacados por los mineros, no obstante será el Ministerio Público quien determine la veracidad de los hechos. La oposición muestra su incredulidad y alega que las instituciones no hacen justicia, pero la Fuerza Armada y el Ministerio Público tienen a favor hechos que demuestran lo contrario, como los asesinatos del caso Kennedy, en el que fueron sentenciados un grupo considerables de funcionarios de los organismos de seguridad. El caso Apure donde los militares fueron puestos a la orden de la Fiscalía, el caso Yumare, que años después por fin se imputan a varios de los responsables. Cuando estuve en Maripa afirmé en la plaza Bolívar que a nadie le gustaba que le mataran un hijo, un hermano o un amigo, pero que no podemos seguir alimentando la cultura de la muerte.
Es aquí donde entran en juego un segundo factor de irresponsables, porque responsablemente hay que denunciar el comportamiento indebido del alcalde de Raúl Leoni, quien siendo la primera autoridad del municipio, en lugar de hacer un llamado a la calma, exige la cabeza de la Ministra del Ambiente y juzga a los militares en un momento en el que los ánimos podían ocasionar otra tragedia. Su comportamiento es iterativo y su irresponsabilidad sobrepasa los límites del delito. Los mineros no necesitaban un alcalde vociferando odio en la calle, el pueblo necesitaba un llamado a la calma, a menos que no existiese interés en mantener la calma. La quema del auto del ministerio del ambiente, y el riesgo de provocar otra muerte en ese clima de angustia tienen como único culpable a una persona que por su protagonismo estúpido y su interés hipócrita no merece ser alcalde. Esa obsesión por no atender la necesidad de apaciguar los ánimos en momentos tan difíciles, hacen pensar que las sospechas en torno a que práctica la minería ilegal, no solo tienen fundamento, sino que son el verdadero motivo de su odio a la reconversión minera. En todo caso, pedir la cabeza de la ministra del ambiente le obliga a ofrecer disculpas públicamente.
Parte de este juego también lo hizo la oposición. La mentira descarada del ex gobernador Andrés Velásquez de un plan minero que reposa en la gobernación, no es más que la demagogia de un arruinado político, que no tiene nada que decir, nada que ofrecer, nada que recordar y nada que pensar.
Otro factor implica a los medios de comunicación. No porque exista un interés en generar violencia, en lo absoluto. Simplemente porque las precarias condiciones para la comunicación y la movilización, hacían difícil confirmar cualquier información, cualquier rumor. Como director de información, coordiné el traslado de un grupo de colegas a Maripa, pero todos fuimos víctima de la impotencia de no poder llegar al lugar de los hechos para confirmar varias de las graves denuncias. Es difícil ejercer el periodismo cuando las posibilidades de confirmar las fuentes son escasas. Ni siquiera por impedimentos de los cuerpos de seguridad, sino por las condiciones geográficas.
La tragedia minera obliga profundizar en el tema y hacer más flexible los oídos del Ministerio del Ambiente, porque las limitaciones del TO5 para controlar la minería ilegal se acrecientan cuando narcotraficantes, contrabandistas de gasolina y delincuentes que explotan a los mineros, bien sean criollos o indígenas, atacan la reconversión minera por el estómago y el cerebro de los mineros.
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