El seis de septiembre de 2012 fue la fecha escogida: el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, a nombre del Gobierno Nacional, emitió una carta donde Venezuela manifiesta la voluntad de retirarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
En la misiva, dirigida al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza –con sello de “recibido”, cuatro días después–, se recuerda que la tierra del Libertador Simón Bolívar fue una de las primeras en respaldar el Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), suscrito el 22 de noviembre de 1969 en Costa Rica, que, además, se reforzó en 1999 con la aprobación de la Constitución Bolivariana, garantizando, de esta manera, el respeto inexorable por las facultades democráticas.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (las dos conforman el SIDH) se han alejado de los sagrados principios que están llamados a proteger, convirtiéndose en un arma política arrojadiza destinada a minar la estabilidad de determinados gobiernos y, especialmente, al de nuestro país”, señala en uno de los párrafos iniciales del documento que consta de 33 páginas.
Parcialidad política
En el texto resaltan, más adelante, que los esfuerzos de las naciones integrantes de la OEA por promover una reforma de ambas instituciones han sido impedidos, “por un pequeño grupo de burócratas desaprensivos” que controlan esos organismos.
“Es inaceptable que un país como Venezuela, que ha dado un salto histórico para poner fin a las violaciones de los derechos humanos, que eran sistemáticas antes de 1999, sea emplazado y difamado por razones de carácter político, a través de denuncias infundadas, carentes de sustrato probatorio, provenientes de sectores vinculados a actos contrarios a las leyes y a la Constitución”, destacan en el informe identificado con los números 000125, donde se argumenta, asimismo, que durante los sucesos de “El Caracazo”, ocurridos el 27 de febrero de 1989, retrasaron por más de seis años un pronunciamiento en rechazo a los asesinatos cometidos durante la administración de Carlos Andrés Pérez.
El Gobierno Bolivariano denunció, de la misma forma, la falta de respuestas por parte de la SIDH en relación a las masacres de Cantaura (1982) y Yumare (1986), respectivamente, así como el reconocimiento, casi inmediato, al gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, el 12 de abril de 2002.
A esto se le suma la denuncia interpuesta contra Venezuela por el prófugo Allan Brewer Carías, quien participó en la redacción del “Decreto Carmona” que disolvió, por unas horas, todos los poderes públicos, donde la CIDH tuvo un pronunciamiento favorable a él, al igual que el exalcalde de Chacao Leopoldo López, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, por parte de la Contraloría General de la República, debido al presunto desvió de partidas presupuestarias durante su gestión. En este último caso, la corte dictó una sentencia “que resultaba inaplicable, al pretender ordenar al Estado venezolano la modificación de su ordenamiento jurídico interno, surgido del cumplimiento de obligaciones internacionales.
“Nosotros vamos a salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad, y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre. Anoche le dije a Nicolás Maduro (entonces Canciller) no esperemos más”, ordenó el Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, en el acto de celebración del Día de la Armada Nacional Bolivariana, efectuado en Puerto Cabello, el 24 de julio de 2012.
Para ese entonces, Chávez alegó que el referido cuerpo atropelló la soberanía nacional cuando emitió un dictamen a favor del ciudadano Raúl Díaz Peña, quien supuestamente estuvo involucrado en la colocación de bombas a las sedes diplomáticas de Colombia y España, establecidas en Caracas, el 25 de febrero de 2003. “Hechos como estos deslegitiman a esa inefable Corte”, expresó el líder revolucionario.
Ambas partes, una sola decisión
Desde el otro lado de la acera, la CIDH calificó como “preocupante” la decisión adoptada por la Revolución. Para el 12 de septiembre de 2012, emitió un comunicado donde se aseguraba que los venezolanos perderían “una instancia de protección de sus derechos humanos”, al tiempo que consideró que de esta manera quedarían “más vulnerables a los abusos y tendrán menos recursos disponibles para defenderse”, en abierta parcialidad en contra del mandato de Chávez.
“La denuncia de la Convención por parte de Venezuela constituye un grave retroceso en el esfuerzo por fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, detalla el escrito, donde se explica que luego de la creación de la OEA, en 1948, sus integrantes expresaron como un objetivo la consolidación, dentro del marco de las instituciones democráticas, de un régimen de libertad individual y de justicia social, “fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, lo que, al parecer, no se aplicó en el caso de Venezuela, de acuerdo a lo argumentado desde Miraflores.
Tras cumplirse un año de la solicitud interpuesta por Caracas, tiempo establecido para que se materialice la petición, como lo consagran los estatutos internos, la CIDH criticó este retiro formal, por considerar que ello va en detrimento de la protección de sus habitantes.
“La CIDH lamenta que, pese a los reiterados llamados de su parte y de otros organismos internacionales, de reconsiderar la decisión respecto a la denuncia, el Estado venezolano no haya revertido tal decisión”, indica el más reciente comunicado hecho público el 10 de septiembre de este año. Allí se resalta que Venezuela, como Estado miembro de la OEA, seguirá sujeto a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “y a las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, suscritas por el Estado de Venezuela en 1948”.
Ese mismo día, la respuesta oficial provino del ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Elías Jaua Milano, quien precisó que durante un año “no ha habido ni una sola rectificación” (de la CIDH), a pesar de los esfuerzos de nuestros hermanos países, los gobiernos de Ecuador y Bolivia”, los cuales –dijo– han asumido la refundación del SIDH como tarea.
Jaua calificó a la CIDH como un “sistema absurdo” y aseveró que el Gobierno abogará por la creación de un organismo “que contribuya a garantizar los Derechos Humanos en la región sin tutelajes injerencistas” provenientes de los Estados Unidos. “Seguimos pidiendo que la Corte y la Comisión rectifiquen y se coloquen al servicio de los de los más humildes, no de las grandes corporaciones mediáticas”, abogó
De acuerdo a lo asegurado por voceros gubernamentales, la decisión no atentará contra las facultades democráticas asumidas por Miraflores desde hace 14 años. La autodenominada Mesa de Unidad Democrática (MUD), como era de esperarse, rechazó la acción, pues, en los archivos de la CIDH reposan varios casos que les han sido favorables, pese a que las pruebas no se corresponden con la realidad de los acontecimientos.
@OswaldoJLopez
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