Una de las primeras tareas de este órgano es la revisión de la salida de Venezuela de la obsoleta Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual no cubre, ni alcanza la inmensa riqueza del contenido social y en materia de derechos humanos, q posee la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, es decir, se hace necesario hacer entender al país que no podemos estar plegados a instituciones que solo garantizan los derechos humanos de quienes cumplen la agenda y las recetas del imperio norteamericano.
De igual forma, se debe apresurar el retiro de Venezuela de la Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias por Inversiones (CIADI), la cual en varias ocasiones ha atentado contra la principal industria petrolera del país, no olvidemos su ultimo dictamen donde pretendía que la Republica cancelara mas de 12 mil millones de dólares a la tradicional EXXON MOBIL violentando así, nuestro derecho interno y el principio de autodeterminación de los pueblos.
En el caso del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias por Inversiones (CIADI), no olvidemos la solicitud de retiro por parte de l as Republicas de Ecuador y Bolivia en el año 2007, lo cual deja constancia de como estas Instituciones solo existen para garantizar los derechos coloniales e imperiales de los llamados países del primer mundo.
Otra Institución obsoleta de la cual Venezuela cada día debe ir marcando distancia, es de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual rechazamos el abuso constante y la agresión contra los países latinoamericanos q han decidido ser realmente libres ejerciendo su soberanía y el Principio de Autodeterminación de los Pueblos, que en América Latina han tenido la valentía de levantar con honor y dignidad las banderas del progreso y de la justicia democrática.
Como alternativa, está vivo el planteamiento de crear un órgano que acompañe de manera objetiva la protección a los Derechos Humanos y la auténtica democracia popular, erigiéndolo como la instancia máxima de revisión de los problemas, en medio de nuestras propias realidades, conforme a las condiciones específicas de cada Estado, y rescatando el respeto a la dignidad de los derechos de toda generación. Como es lógico el Consejo de Estado puede ser el órgano integrador de la propuesta, entendiendo la premura de abrir una alternativa que puede ir madurando conforme se tracen las líneas estratégicas de una política internacional de avanzada progresista. Dentro de la agenda del Consejo de Estado debe estar igualmente definida la asesoría para seguir en la búsqueda una economía alternativa frente al modelo neoliberal que, permita luchar contra la existente globalización, la injusticia, la desigualdad y pobreza, a niveles explosivos para todo el sistema social. Por eso el Consejo de Estado no puede perder de vista que la formación de un nuevo modelo económico debe estar sustentado en bases sólidas de cooperación, pero sobre todo en un nuevo tipo de relaciones sociales y de producción, más justas y equitativas.
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